El Derecho a alimentarnos con nuestros productos agrarios

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Resulta de especial importancia desplegar lo que significa el derecho a alimentarnos con nuestros productos agrarios. Por una parte, consumir productos de nuestra tierra requiere menos energía que las que necesitan los productos transportados de otros ámbitos, además, está el principio de soberanía alimentaria, nos referimos al derecho “subjetivo” vinculado a la propiedad de nuestra tierra y sus frutos, que es esencial porque la vida de personas y nuestra cultura depende directamente de ella. La costumbre de dar la cara por este concepto es algo arraigado en muchas culturas. Esta costumbre convertida en derecho, insistimos en lo de subjetivo, está casi desaparecida o no está suficientemente arraigado en Canarias; no se garantiza el derecho a la alimentación con productos de nuestra tierra, pese a que es más sana y menos contaminante en emisiones de CO2 que las transportadas de otros ámbitos.

 La problemática del sector agrícola y el derecho a la alimentación de productos de nuestra tierra no es ajena al concepto de desarrollo sostenible. Al contrario, la agricultura también guarda una relación directa con la Sostenibilidad. En este contexto, conceptos como "soberanía alimentaria, autosuficiencia en el abastecimiento, agricultura ecológica, el paisaje, la custodia del territorio, y otros” van cobrando un sentido que hasta hace poco era difícil de imaginar. Lo cierto es que la agricultura no se ha mantenido ajena a la especulación de los mercados y a la intervención directa de los flujos económicos habituales; los que rigen la economía libre de mercado.

Esta exposición, de sobra conocida, supone un auténtico caos alimentario en buena parte del mundo con implicaciones sociales y económicas terribles. El cumplimiento tan básico como el derecho a la alimentación se ve coartado en muchos contextos y tiene consecuencias; problemas sociales, éticos y de perfiles económicos difíciles de abordar en el contexto de libre mercado y competencia abierta. Encima, la propiedad de la tierra, del suelo, no solo se ha liberalizado y separado en muchos casos de quienes la cultivan sino que constituye un auténtico recurso de especulación económica y social.

Así, mientras el suelo y, por tanto, el derecho a la alimentación son objeto de aproximaciones puramente económicas, en Canarias nos alimentamos e incluso dilapidamos la comida, en otros lugares este camino conlleva la imposibilidad real de garantizar el derecho a la alimentación de sus congéneres. Los informes de la ONU sobre la situación de África vuelven a demostrar, con crudeza, la lacra que se cierne sobre gran parte de este continente.

Lo que debiera existir es un derecho básico de todos los ciudadanos, incluyo el asentamiento de su cultura, esto no existe al estar sujetos al devenir de los ciclos económicos, a la propiedad del suelo y medios de producción de cada contexto. Esto ha provocado que la agricultura no funcione como una herramienta de garantía global y local del derecho a la alimentación, y más. Muy al contrario, este derecho se encuentra supeditado a los vaivenes del mercado y a la propia intervención de lo público para mitigar los casos en que el libre mercado haga difícil o imposible la garantía del derecho. En África ni siquiera la intervención de lo público puede lograr dicho objetivo por carecer de medios personales y materiales que dobleguen o mitiguen la libre voluntad del mercado.

Todo apunta a que resulta de especial importancia desarrollar un cuerpo teórico y práctico real para mitigar los efectos...