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El tiempo corre para las grandes empresas españolas, obligadas a desarrollar auditorías de eficiencia energética para ajustarse a lo dispuesto en un real decreto de febrero de este año que aplica a la legislación nacional una norma dictada por la Unión Europea en 2012. Alrededor de 240 empresas de Canarias -originarias de las Islas o implantadas en su territorio- tendrán que presentar este análisis antes del 15 de noviembre, fecha en la que se cumplen nueve meses desde la entrada en vigor de la normativa, aprobada por un Gobierno en funciones que se arriesgaba a una sanción por parte de las autoridades comunitarias si se retrasaba más.